Hoy cambio el tercio ante la ausencia de novedades fiscales de interés (una vez publicado el post ha saltado la bomba del TS acerca del pago por los bancos del AJD en gastos de hipotecas), por cuanto ya hablamos bastante tanto de la prestación de maternidad (hasta tres post, aglutinados aquí ) como de los planes fiscales de futuro del gobierno a los que igualmente dedicamos uno al efecto en este otro enlace . Una vez se aprueben, en su caso, los Presupuestos Generales del Estado, ya enjaretaríamos un post definitivo porque tampoco se trata de elucubrar en demasía y liar a los contribuyentes más de la cuenta.
He leído recientemente una entrevista muy clarificadora a una persona a quien tengo en gran estima, aunque no haya hablado nunca con él. Le conozco por sus conferencias que impartió en alguna ocasión en el IEJE de Cajasol y, sobre todo, por sus sentencias dictadas siendo Ponente.
Además, se da la casualidad que es pariente muy cercano de un jesuita que marcó mi infancia, que ofició mi boda y que, además, tiene una glorieta a su nombre en el parque de la Buhaira, cercano a nuestro entrañable Colegio Portaceli.
Se trata de Joaquín Huelin, hasta hace poco magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, quien el 1 de julio pasado “fichó” como socio del área fiscal de “Cuatrecasas”.
Desgraciadamente, en perjuicio nuestro, perdemos a un magistrado que solía ser – permitan la expresión- pro-contribuyente en las sentencias que dictaba. Es el primer miembro del Alto Tribunal que ficha por un gran despacho.
Ha sido leer la breve entrevista en “Cinco Días” y necesitaba trascribir parte de ella en este post. Es aconsejable analizar la realidad tributaria existente y preocupante que comenta tras su dilatada experiencia como juez (TSJ de Madrid, AN y TS).
En ella se abordan cuestiones que necesitan de una mejora urgente y que están en boca de muchos asesores fiscales.
“La Agencia Tributaria escucha poco, impone mucho y funciona por objetivos. Y eso no es bueno cuando se trata de aplicar el ordenamiento jurídico”. Joaquín Huelin (Magistrado exc. Tribunal Supremo).
Traigo los fragmentos más significativos, de los cuales tocará a más de uno reflexionar:
Sobre la alta conflictividad tributaria en España:
“Es un fenómeno evitable al poderse reconducir y solucionar. En ella influyen varios factores.
En primer lugar, son muchos los actores con capacidad de producir normas tributarias: el Estado, las autonomías, los ayuntamientos y la Unión Europea.
Un segundo elemento de esa propia legislación, que es tan técnica que, a veces, a los propios juristas nos cuesta entenderla.
Y a ello hay que sumar la deficiente técnica legislativa y el hecho de que las normas tengan una esperanza de vida muy corta: mueren o mutan muy rápidamente.
El tercer factor es la diversidad de cauces de control. Antes de los órganos judiciales están los órganos económico-administrativos, que técnicamente están muy bien preparados, pero en la práctica retrasan entre cinco o seis años la respuesta definitiva del conflicto. Y cuando finalmente se pronuncia el Supremo, la norma quizá ya no esté en vigor…”
El grave problema de seguridad jurídica en el ámbito tributario:
Y es que el ya ex magistrado manifiesta, como así lo corroboramos algunos, que “en materia impositiva, hay un problema de inseguridad jurídica”, algo que él intentara “contribuir a crear un sistema tributario más seguro y estable” por lo aprendido en 35 años de ejercicio de la función jurisdiccional.
“Hay muchos órganos judiciales o económico-administrativos que no siguen los criterios que marca el Supremo.
En julio, por ejemplo, el alto tribunal dictó dos sentencias sobre cómo interpretar la resolución del Constitucional sobre la plusvalía municipal. Menos de diez días después, varios juzgados ya habían dictado sentencias que seguían criterios distintos.
Y esto también pasa con el Tribunal Económico-Administrativo Central. Tampoco ayuda la duración de cada procedimiento. Si sumas todo el recorrido por los órganos administrativos y judiciales, pueden pasar más de diez años antes de tener un pronunciamiento en casación. Esto no es sostenible.
Formas de mejorar esa seguridad jurídica:
“En primer lugar, plantearía una solución parecida a lo que se hace con el derecho de la Unión Europea: introducir en nuestro ordenamiento una cuestión prejudicial de derecho interno que puedan plantear tanto los tribunales judiciales como los económico-administrativos. Con esto nos ahorraríamos cuatro o cinco años.
Otra opción, que además permitiría abordar el problema de la doble instancia tributaria, es la de convertir a los tribunales económico-administrativos regionales en órganos de primera instancia. Así se rebajaría en tres o cuatro años el procedimiento y se aumentarían las garantías del ciudadano.
Por último, también plantearía la creación de una especialización tributaria dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa.”
Y dejo esta perla para el final:
De la actitud de Hacienda con los contribuyentes:
“Tengo la percepción es de que la Agencia Tributaria escucha poco, impone mucho y funciona por objetivos. Y eso no es bueno cuando se trata de aplicar el ordenamiento jurídico. Es un tema cultural.
El otro día me decía un alto responsable de una gran multinacional española: “Tenemos el 75% de nuestro negocio en el exterior y, sin embargo, el 100% de nuestros litigios tributarios se producen en España”. Algo no funciona si todo está mal visto y todo se somete a control e inspección. Hay situaciones flagrantes, pero, en muchas otras, lo que hay son criterios interpretativos distintos de las normas tributarias.
Te pongo otro ejemplo. Se dan casos en los que se hace una consulta vinculante a la Administración y, a pesar de hacer lo que se te dice, te abren un procedimiento inspector. Esto es el paradigma de la inseguridad jurídica.”
Fuente: Cinco Días
En definitiva, inquietante y preocupante diagnóstico tributario, amigos.
